NUEVO LAREDO, Tamaulipas a 08 de Octubre de 2025, por Alberto Calderón (Agencia RN Noticias) .- Después de seis años de exigencias y una reciente huelga de hambre en Nuevo Laredo, víctimas sobrevivientes de la masacre de Valles de Anáhuac sostuvieron una reunión con autoridades del Gobierno de Tamaulipas para revisar el cumplimiento de tres recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El encuentro se realizó en Estación Palabra y contó con la participación de representantes del gobierno estatal, encabezados por el subsecretario de Legalidad, Jorge Luis Beas Gámez, así como de la Comisionada Estatal de Víctimas, Lorena Perales Salinas, y la directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, Leticia Tovar Torres.

Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo al respectó señaló “ Miren, acabamos de tener una reunión con el subsecretario de legalidad del gobierno de Tamaulipas en representación del secretario general de gobierno y del propio gobernador haciéndonos una propuesta, que quede claro, es una propuesta de cumplimiento de la recomendación que les he estado mencionando, la 173VG-2024, ha hablado con cada una de las víctimas que están aquí presentes por razones de seguridad y de confidencialidad, no podemos dar detalles, pero en términos generales están hablando de una propuesta seria, que eso es lo más importante. Segundo, les hemos pedido con urgencia la atención psicológica para estas víctimas por el tiempo que ha pasado y por la situación que tuvimos que hacer, que fue la huelga de hambre y la protesta continua para llegar a este acuerdo”.

Durante la reunión se presentó una propuesta inicial para atender los cinco puntos de la recomendación, que incluyen reparación integral del daño, atención médica y psicológica, apoyo social y becas para familiares de las víctimas. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo calificó el acercamiento como un primer paso hacia la justicia, aunque advirtió que el proceso de cumplimiento será gradual.

Jorge Luis Beas Gámez, subsecretario de Legalidad de la Secretaria General de Gobierno de Tamaulipas por su parte dio a conocer que “Todos sabemos que las conductas delictivas que nos tienen en esta mesa de trabajo, de negociación, pues fueron cometidas en el sexenio anterior cuando gobernaba el licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Sin embargo, nuestro gobernador humanista, el doctor Américo Villareal Naya, está consciente de que los ciudadanos afectados pues tienen el derecho de ser atendidos, de ser escuchados, pero sobre todo de ver reparados los daños que se hicieron en aquel entonces. En los términos que señala la recomendación. La recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos siempre habla de una reparación integral. Esto implica atención psicológica, atención médica, de trabajo social, que se vean beneficiadas las personas afectadas por las becas cuando se encuentran personas, adolescentes o niños que están sujetos a estudios. También se habla de una atención a través de un apoyo alimentario como las despensas. En este sentido yo les comento que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas lleva a cabo una atención integral. Si bien no tiene un presupuesto propio para emitir una beca, si analizamos y entendemos los asuntos y los vinculamos hacia el ITABEC, los acompañamos para que sean beneficiados con becas. Y esto se ha hecho y se está haciendo desde la Comisión Estatal de Víctimas”.

Las víctimas otorgaron un plazo de 30 días para evaluar los avances, mientras continúa abierta la carpeta de investigación penal contra policías estatales implicados en los hechos. Dos de ellos permanecen prófugos desde 2022, se trata de Francisco Hernández Carbajal y Edith Esteban Cruz, y tres más obtuvieron beneficios legales sin aportar información relevante al caso.

El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo destacó que “ Hay dos policías estatales prófugos y hay tres que se adhirieron al criterio de oportunidad, es decir, se convirtieron en testigos protegidos. Esa parte de la situación penal también se va a revisar, pero no con ellos, con otra área, porque no estamos de acuerdo en que tres policías que sean beneficiarios del criterio de oportunidad anden libres cuando no aportaron información que sirviera a la investigación. Y también vamos a pedir que los dos policías que están huyendo, a los cuales se ofrece una recompensa de 250 mil pesos, sigan extrañamente sin ser capturados. Y por último, también quiero decirles, no estamos conformes con la investigación que hizo el actual fiscal, si es que es así, Irving Barrios Mojica, por esta masacre. Si hubiese necesario retomar esa investigación, yo creo que lo vamos a hacer. Por lo tanto, en materia de derechos humanos, el expediente sigue abierto en tanto no se cumpla la recomendación en su totalidad”.

Por ahora, el expediente se mantiene abierto tanto en materia penal como en derechos humanos, a la espera de resultados concretos en las próximas semanas.