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Nuevo Laredo, Tamaulipas a 24 de enero de 2026 por Abisaí Rubio (Agencia RN Noticias).- La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha incrementado la presión sobre el gobierno mexicano para que investigue a políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado, varios de ellos pertenecientes al partido Morena, según reportes de prensa internacional, columnas políticas y análisis de seguridad.
De acuerdo con estas publicaciones, Estados Unidos mantiene bajo observación a figuras de alto nivel, entre las que se mencionan al expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como a personas de su círculo cercano, incluidos sus hijos, además de senadores, gobernadores, dirigentes partidistas y funcionarios federales, aunque hasta ahora no existen cargos formales ni órdenes judiciales confirmadas en su contra en tribunales estadounidenses.
Entre los nombres que han sido mencionados en notas periodísticas y espacios de opinión como presuntos “narcopolíticos” o políticos bajo sospecha de colusión con el crimen organizado se encuentran:
Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa
Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California
Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación
Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora
Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena.
El caso de Américo Villarreal Anaya ha sido particularmente señalado debido a la relevancia estratégica de Tamaulipas para el tráfico de drogas y el control territorial de grupos criminales. Diversas investigaciones periodísticas han sugerido que campañas políticas en el estado habrían recibido apoyo financiero ilícito a cambio de protección e impunidad, acusaciones que el gobernador ha negado públicamente.
Las versiones periodísticas también apuntan a una investigación más amplia sobre el presunto financiamiento del crimen organizado a campañas de Morena, como parte de una estrategia de infiltración política. Morena y el gobierno federal han rechazado estas acusaciones, calificándolas de infundadas y asegurando que se trata de una narrativa impulsada desde Estados Unidos para presionar políticamente a México.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta así un escenario de tensión diplomática, al reiterar que México colaborará en materia de seguridad, pero no detendrá ni entregará a ningún funcionario sin pruebas legales contundentes, defendiendo la soberanía nacional y el debido proceso.
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