Desde la Casa Blanca, Trump ha endurecido su narrativa contra México. De forma reiterada ha afirmado que el país no es gobernado por su presidenta constitucional, sino por los cárteles del narcotráfico, una declaración que, más allá de su tono provocador, ha servido como justificación para amenazas de acciones unilaterales. Entre ellas, la posibilidad de incursiones militares bajo el argumento de que los cárteles mexicanos fueron declarados organizaciones terroristas internacionales.

Este discurso no surge en el vacío. En distintos espacios mediáticos y políticos se ha insistido en la existencia de una presunta red de corrupción que involucraría al expresidente Andrés Manuel López Obrador, a miembros de su familia y a funcionarios de primer nivel de Morena. Según estas acusaciones —que hasta ahora no han sido probadas en tribunales—, campañas políticas habrían sido financiadas con recursos ilícitos provenientes del llamado huachicol fiscal, a cambio de una política de tolerancia y protección a grupos criminales, encapsulada en el polémico lema de “abrazos, no balazos”.

Para los críticos del obradorismo, esta estrategia no solo debilitó al Estado mexicano frente al crimen organizado, sino que permitió la expansión territorial y económica de los cárteles, alimentando la percepción internacional de un país capturado por intereses criminales. Para sus defensores, en cambio, se trata de una narrativa construida desde el exterior con fines políticos y geoestratégicos.

La presión se ha intensificado con las declaraciones recientes de Sara Carter, figura mediática estadounidense especializada en temas de seguridad y narcotráfico, quien habría afirmado en español, en al menos dos ocasiones, que “los días de los cárteles mexicanos están contados”. Frases como esta refuerzan la idea de que en Washington se cocina una postura cada vez más agresiva hacia México, con o sin el aval del gobierno mexicano.

Claudia Sheinbaum se encuentra así en una encrucijada histórica. Ceder a las exigencias de Estados Unidos implicaría romper —al menos parcialmente— con el legado político de López Obrador y reconocer que la estrategia de seguridad ha fracasado. Resistir, en cambio, podría profundizar el aislamiento diplomático y abrir la puerta a decisiones unilaterales que vulneren la soberanía nacional.

La pregunta de fondo no es solo a quién responde el poder en México, sino si el Estado mexicano será capaz de recuperar credibilidad interna y externa en un contexto donde la desconfianza, las acusaciones y la geopolítica se entrelazan peligrosamente. El tiempo corre, y como advierten desde el norte, para muchos actores involucrados, “los días podrían estar contados”.